Retorno a Haití de menores de edad sin sus padres alimenta drama de separación familiar

Más de 4 mil niños haitianos fueron separados de sus familias “ilegales” en República Dominicana

Según la Organización Internacional de las Migraciones, en los últimos tres años más de cuatro mil niños haitianos han sido separados de sus familias que residen de manera irregular en República Dominicana. Funcionarios haitianos y representantes de organizaciones sin fines de lucro denuncian que incluso en los procesos de deportación se han cometido violaciones a mujeres y menores de edad

La política de tolerancia cero hacia la inmigración ilegal en Estados Unidos acaparó titulares a principios de este año cuando el presidente Donald Trump, endureció las medidas y su administración decidió perseguir y detener sistemáticamente a los extranjeros que entraron al país norteamericano de forma ilegal, y delegar a la Oficina de Relocalización de Refugiados (ORR) a los niños que llegaban.

Esta institución adscrita al Departamento de Salud y Servicios Humanos reportó en junio que tenía a su cargo a más de diez mil menores de edad. De ellos, aproximadamente tres mil fueron separados de sus familias y el resto cruzó la frontera sin acompañamiento de un adulto.

El caso domínico haitiano

En Haití, específicamente en la línea fronteriza, la Organización Internacional de las Migraciones ha levantado cuatro Centros de Referencia Fronteriza en donde reciben a personas que son retornadas o deportadas desde República Dominicana y los orientan sobre su estatus legal, procedimientos de regularización e incluso, los dirigen a organismos de apoyo a refugiados. Entre los que llegan a estos puntos, se encuentran menores de edad que llegan sin sus padres y que, en algunos casos, no conocen ni tienen a ningún familiar en la vecina nación.

En el Centro de Referencia Fronteriza de Ouanaminthe acogen diariamente a unas setenta personas sobre todo mujeres y niños que son deportados y que por lo general dejaron atrás a sus familias. “Llegan sucios, separan a madres de sus hijos. Los sacan de sus casas en la noche, no les permiten ni siquiera tomar unos zapatos, ni sus documentos” dijo un funcionario de la Dirección de Migración de Haití que ahí labora y que se quejó de los procedimientos que utilizan las autoridades dominicanas. Argumentó que incluso, con regularidad, reciben a ciudadanos que dicen ser dominicanos y que señalan que los expulsaron del país por su color de piel.

Jesula Blanc, miembro del Grupo de Acción para Refugiados y Repatriados (GARR) explicó que se viola constantemente el acuerdo al que los gobiernos de su país y República Dominicana llegaron en 1999 y en el que se establecieron como norma, en su artículo 3 que “Las autoridades dominicanas de migración evitarán la separación de familias nucleadas (padres e hijos menores) en los procesos de las repatriaciones”.

Nathalie Raphael, funcionaria del Instituto de Bienestar Social de Haití denunció que además de los procedimientos de retorno o deportación irregulares han recibido reportes de mujeres y menores de edad violados y que incluso los habían constatado al llevar a las presuntas víctimas a centros de salud. “He confirmado casos de mujeres y niños cuando van a República Dominicana hay casos de violencia cometidos por militares o civiles, hay veces que están acompañadas de sus familias o con sus esposos, los malintencionados las separan y militares o civiles les quitan la ropa sin que ellos puedan hacer nada para evitar el acto criminal”. Sin embargo, en el momento en que se le consultó sobre estadísticas al respecto no especificó cuántos casos tienen registrados y manifestó que no denunciaban ante las autoridades dominicanas por el estatus migratorio irregular que tenían en el país.

Ante la gravedad de la denuncia, el fiscal adjunto de Dajabón Gabriel Jacobo Morel, explicó que los casos de este tipo que han recibido corresponden a mujeres haitianas que han sido ultrajadas por compatriotas suyos en República Dominicana y que se encuentran judicializados. Argumentó que sin importar la condición o estatus migratorio, cualquier persona puede denunciar ante el Ministerio Público una agresión sexual o de cualquier otro tipo.

Desde el Centro de Referencia Fronteriza articularon un enlace con la Casa de acogida Santa Teresita del Niño Jesús de la Congregación de hermanas de San Juan Evangelista en Juana Méndez, ahí reciben a los menores en situación de riesgo y que no pueden establecer vínculos con sus padres producto del procedimiento migratorio. A cargo de esta casa está Alexandra Bonilla, una religiosa de origen colombiano, quien en su recorrido por las aulas, habitaciones y patio de la institución confirmó que los casos de violación son frecuentes y que la separación de familias es un hecho por el que trabajan arduamente en aras de reunificarles. “Que los menores puedan ser restituidos en su dignidad, porque son vidas que se han roto, son vidas resquebrajadas. Por lo general, los niños llegan con traumas y pasan aquí entre una semana y doce días. Nosotros les exigimos a los padres que traigan un documento que demuestre su paternidad, pero por su misma condición de irregularidad tardan en venir a buscarlos. Caen así de nuevo en una mafia de buscones que les tramitan eso y que les permite volver a ingresar con sus hijos en República Dominicana de manera irregular. Es un círculo”.

Es el caso de Serafina y Fernando, hermanos que fueron devueltos desde República Dominicana cuando intentaban llegar a su casa en Villa Vásquez, Montecristi. Narraron que civiles les amenazaron, robaron y entregaron a agentes migratorios. Cuando conversamos con ellos tenían una semana en el centro, no habían podido hablar con su madre y no sabían si los buscaría pues ella también está ilegal. “Una policía me pidió cincuenta pesos para hacer una llamada de un minuto, yo se los di y cuando le marqué a mi mamá me contestó un dominicano que fue quien nos ayudó a cruzar la frontera. Me dijo que me iba a buscar y lo llamé de nuevo, pero no vino, por eso me trajeron para acá” fueron las palabras del menor en su descripción de cómo intentó, sin éxito, comunicarse con su madre, quien según dice vende aguacates y otros productos en la calle. Según Alicia Bonilla, los trámites para que la progenitora de estos niños pudiera reclamarlos estaban ya en proceso y seguramente los buscaría en los próximos días.
Según la Organización Internacional de Migración, desde junio de 2015 más de 230.000 migrantes haitianos han regresado a Haití a través de actividades de monitoreo de fronteras y se cree que de esos migrantes retornados, 4.167 son niños no acompañados o separados de sus padres.

Para el sociólogo dominicano Wilfredo Lozano, es necesario que se implementen procedimientos universales que ordenen el control y la regulación. “El protocolo de 1999 se cumplió en un principio, pero actualmente el proceso de repatriación y deportación adolece de muchos problemas. Si el Estado no implementa políticas serias que pongan en dinamismo el Consejo Nacional de Inmigración y que eduque a los militares con el respeto de la ley vamos a estar continuamente en esto”.

La convulsa frontera

En la frontera de República Dominicana y Haití la situación de informalidad es evidente. Aunque en la norma se establecen los procedimientos, no es extraño observar a cientos de haitianos ingresar a pie por el río Masacre hacia la ciudad de Dajabón, aun con la presencia de agentes del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y de la Dirección General de Migración custodiando el puente que divide a ambas naciones. Los haitianos más arriesgados, incluso, enfrentan a las fuertes corrientes cuando el caudal aumenta por efecto de las lluvias; de esta manera, evitan los controles para acceder al país y también las filas, pues son miles de personas las que diariamente cruzan la frontera.

La imagen en el cruce fronterizo se hace aún más convulsa durante las jornadas en que se activa el mercado binacional, específicamente los lunes y los viernes. A primera hora de la mañana se aprecia un flujo constante y desordenado de mares de personas que, durante aproximadamente veinte minutos consecutivos, copan la vía del puente y corren cargados con mercancías para alcanzar un buen puesto en el mercado de Dajabón.

La Ley 285-04 ordena y regula los flujos migratorios en el territorio nacional, tanto en lo referente a la entrada, la permanencia y la salida, como a la inmigración, la migración y el retorno de los nacionales y el Reglamento 631-11 a su vez, establece procedimientos para el llamado “habitante fronterizo”, mediante el cual, por ejemplo, los ciudadanos haitianos que laboran en comunidades de esta zona limítrofe pueden acceder de manera legal a la República Dominicana con un carnet, por lo que lugareños de unas dieciséis comunidades haitianas son beneficiados, siempre y cuando sus actividades en suelo criollo sean “licitas y productivas”.

Sin embargo, pese a estos controles y normativas, la frontera sigue siendo porosa y según datos oficiales recientes, el Ministerio de Defensa, en el primer semestre del año ha deportado a 37,833 indocumentados y en 2017 se presentaron los resultados de la segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes en la que se reportaron 750,174 personas de origen haitiano residentes en la República Dominicana.

Fuera de los canales oficiales, recientemente medios de comunicación han develado parte de una red de trata de personas en la que se incluyen agentes consulares, efectivos militares y civiles que se prestan para sacar provecho económico de los inmigrantes irregulares. Durante el recorrido por la zona fronteriza, recibimos también quejas por parte de inmigrantes, quienes reportaban que agentes migratorios les exigían peajes de RD$100 para entrar al país sin documentación alguna. Por lo que consultamos a los responsables del control y más allá de un aparente nerviosismo, no pudimos verificar de manera independiente la denuncia.